El juez de Ejecución Penal de la capital, Roberto Guyot, tendrá 15 días para reunir las pruebas que considere necesarias para defenderse e intentar evitar su destitución impulsada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, que preside el peronista Zacarías Khoder, corrió traslado al pedido solicitado por la Corte por múltiples denuncias en contra del magistrado. El legislador bandeño señaló que tomaron esta decisión porque hay “pruebas suficientes desde hace mucho tiempo, en distintas causas”, según explicó ante la prensa.
La CSJT había realizado previamente una serie de investigaciones luego de haber sumado varias denuncias en contra del juez, entre ellas de la fiscala Adriana Giannoni, el abogado Gustavo Morales y organizaciones de Derechos Humanos. Hay dos casos que se tomaron en particular: no haber brindado protección a un preso; y no haber tenido en cuenta los pedidos sanitarios de otro interno que terminó falleciendo.
Khoder indicó que es necesario que Guyot dé explicaciones sobre estos casos. “Por eso hemos decidido que se lleve adelante el pedido de prueba. Ahora (el juez) tiene 15 días para enviar las pruebas que crea conveniente, de ahí nosotros vemos si lo rechazamos o llevamos adelante el juicio político”, dijo.
La Acordada 286/20 donde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán pide la suspensión y destitución del magistrado fue firmada por los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos. Daniel Leiva se inhibió porque preside el Jurado de Enjuiciamiento que eventualmente ha de juzgar al juez, mientras que Antonio Daniel Estofán se encuentra de licencia en Buenos Aires. La Acordada 287, que encarga el nuevo sumario a la camarista penal María Balcázar, prosperó con los votos de Sbdar, Posse, Rodríguez Campos y Leiva.
El juez de Ejecución Penal no sólo está vinculado a las supuestas irregularidades ligadas al desempeño de su cargo. Su nombre aparece mencionado en varias causas vinculadas a la venta de drogas en el penal de Villa Urquiza, pero la Acordada 286/20 no toma en cuenta esas denuncias, ni el proceso iniciado en su contra por el homicidio de un preso.